Sabado 24 de Junio de 2017

Mujeres y niñas en 8 provincias: ni derechos, ¿ni Justicia?

May 18th, 2016 | By | Category: Archivo

LA DIPUTADA NACIONAL POR EL RADICALISMO E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE FAMILIA, MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CARLA CARRIZO, OPINÓ PARA TÉLAM SOBRE LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA TUCUMANA DE NEGARLE LA EXCARCELACIÓN A BELÉN, LA MUJER QUE FUE DETENIDA HACE DOS AÑOS CUANDO INGRESÓ CON UNA HEMORRAGIA A UN HOSPITAL PÚBLICO Y FUE ACUSADA EN PRINCIPIO DE HABERSE HECHO UN ABORTO Y LUEGO CONDENADA POR HOMICIDIO AGRAVADO.

Tucumán no sólo es la provincia donde en 2015 vimos todos los delitos electorales juntos en un solo día. Es también donde las “madres del paco” reclaman visibilidad para sus hijos, con pañuelos negros, no blancos, denunciando un presente ausente de derechos humanos. Es también el lugar donde varias asociaciones, entre ellas, “Católicas por el Derecho a Decidir”, cuestionan el fallo que la justicia aplicó a una joven de 27 años a quien se la acusa de homicidio agravado en el caso de un aborto espontáneo ocurrido en un hospital público provincial.

Belén es el nombre que nombra la ausencia de derechos para mujeres, madres y niñas en ocho provincias argentinas.
En 2012, la Corte Suprema de la Nación, en el fallo F.A.L, estableció la obligación de implementar en las provincias los protocolos hospitalarios para la atención efectiva de los abortos no punibles contemplados en el art. 86 del Código Penal de la Nación. Esto es, cuando la vida de la madre está en riesgo o en casos de abuso sexual. El objetivo: garantizar el derecho al cuidado de la infancia y la mujer, y asistir integralmente a las víctimas de violencia sexual.

A 4 años de aquel fallo, ¿pueden hoy seis gobernadores y dos gobernadoras, avalar -por omisión- que se castigue lo que las leyes nacionales permiten, creando así ciudadanías provinciales de distinta categoría en relación a la protección de mujeres, madres y niñas?. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hacer responsable al Estado Nacional por las violaciones de derechos en los estados provinciales, ha dicho que no.

Los datos sobre embarazo adolescente, asociado al delito de abuso sexual y los 500.000 y 600.000 abortos por año, principal causa de muerte materna en el país, especialmente en mujeres de menores recursos, debería ser suficiente para que en ningún caso, gobernadores/as o funcionarios judiciales provinciales, antepongan cuestiones de índole moral, que válidas a nivel personal, no dan derecho a prohibir derechos garantizados por el Estado democrático en todo el territorio del país.

Belén, en Tucumán, no fue aún suficiente para ellos. Sin derechos. ¿Con Justicia?, tampoco. Imputada primero por aborto seguido de homicidio -figura penal inexistente- condenada luego por homicidio doblemente agravado y por alevosía a 8 años, en un proceso cuestionado por violación de sus garantías procesales. Será suficiente para nosotros, ¿la dirigencia política nacional? ¿Avalaremos su orfandad en nombre de la competencia provincial o elegiremos no legitimar tratos medievales hacia mujeres y niñas en un país que hizo de la reivindicación de los derechos humanos un ejemplo a seguir?

Para evitar que los derechos garantizados a nivel nacional dependan de la buena o mala voluntad de los gobernadores/as presentamos dos proyectos: uno insta a los mandatarios de Mendoza (UCR), San Luis (PJ), Santiago del Estero (FCyS), Tucumán (FPV-PJ), Formosa (FPV-PJ), Corrientes (UCR); Catamarca (FPV-PJ) y San Juan (PJ) a cumplir con lo dispuesto por la Corte.
Otro modifica el art. 86 del Código Penal y establece lo que la Corte ha dicho para evitar interpretaciones de índole moral que, válidas en el plano personal, lesionan derechos garantizados por la constitución y las leyes a nivel nacional. Avanzamos además en una redacción que respeta el derecho a elegir de personas con discapacidad que no son ni “idiotas ni dementes”, como figura en la actualidad, expresiones que, gracias a la democracia lograda, no existen ya como categoría jurídica en el país.

¿Mismos derechos, mismo país?. Si, sólo si, los dirigentes políticos comenzamos a demostrarle a la ciudadanía que los derechos en democracia ni se eligen ni agradecen, se exigen.

(*) Diputada nacional por UCR-Cambiemos, integrante de la comisión de Familia, Mujeres, Niños y Adolescentes.

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