Florencia y Maximo Kirchner mañana y Cristina Fernández de Kirchner el martes presentarán sendos escritos en los que van a explicar que la sociedad familiar Los Sauces se dedicó a alquilar ocho oficinas y departamentos, que todos los alquileres se hicieron con contratos y a precios de mercado, que el cobro indefectiblemente fue con cheques depositados en bancos y que el propio juez Claudio Bonadio en cuarenta allanamientos pudo verificar que los inmuebles estaban ocupados por los inquilinos correspondientes. Si los alquileres fueron reales y a precio de mercado –sostendrán los Kirchner– se cae la hipótesis del juez de que esos alquileres, que sumaron unos 23 millones de pesos desde 2009, fueran un retorno o coima por la adjudicación de obra pública.

Florencia, Máximo y CFK dirán que las propiedades que se alquilaron fueron investigadas por tres jueces –Julián Ercolini, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral– quienes dictaron fallos sobreseyendo a Néstor y Cristina Kirchner en las respectivas causas por enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, se trata de cosa juzgada. Aún así, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, presentó un listado de las ocho propiedades –dos compradas en los años 70—, los cheques y transferencias bancarias con las que se pagaron, las actas de directorio e inscripciones. Terminada la indagatoria de la ex mandataria el martes, el magistrado tendrá que definir en diez días la situación de todos los imputados.

En Comodoro Py sostienen que habrá procesamientos generalizados, como es costumbre de Bonadio. El viernes, se presentó la eximición de prisión de Florencia a raíz de los rumores de su detención, pero no se hizo la misma presentación para CFK. El mensaje, en términos barriales, podría interpretarse como “no te metas con mis hijos, si te vas a meter con alguien, metete conmigo”.

Propiedades

El contador Manzanares, que tiene a la familia Kirchner de clientes desde 1977, presentó en su indagatoria un listado minucioso, una por una, de todas las propiedades de Los Sauces, desde su fundación en 2006.

En la enumeración, por ejemplo, está el lote de la calle 25 de Mayo 66 de Río Gallegos, que estuvo a punto de ser comprado por Los Sauces a la empresa de Lázaro Báez. La operación nunca se concretó. El juzgado filtró esta semana, a través del diario La Nación, que esa propiedad no estaba declarada. Manzanares presentó la documentación que indica que la compra no se llevó a cabo y por lo tanto no había razón para declarar ese bien.

El mismo diario señaló dos construcciones, de cuatro departamentos cada uno, que también el juzgado hizo trascender que no estaban declarados. El contador señaló que ambos bienes figuran en la AFIP, como propiedades unificadas, ya que fueron incorporados por Néstor Kirchner a Los Sauces. Los dos pequeños complejos de cuatro departamentos cada uno se compraron en los años 70. Los contratos de alquiler también se acompañaron en la indagatoria y todos los alquileres se cobraron en cheques.

Un dato curioso es que a esas dos propiedades se le hicieron reformas por unos dos millones de pesos y el Tribunal de Tasación, dependiente del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que las reformas debieron costar más barato que lo declarado. Se pagaron 2.900.000 pesos cuando debieron costar 2.000.000. En términos concretos eso significa que a Lázaro Báez se le dieron 900.000 pesos más de la tasación. Manzanares acota que eso va en contra de la hipótesis del juez, que sostiene que fueron todas operaciones destinadas a que Báez favorezca a los Kirchner. Por supuesto, la defensa de los Kirchner sostiene que esas tasaciones son arbitrarias y que fueron hechas por el Ejecutivo, es decir por el gobierno, sin control de las partes.

Alquileres I

En su declaración del jueves, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, señalaron que alquilaron dos propiedades de los Kirchner en Puerto Madero en el marco de una enorme cantidad de inmuebles que su empresa alquila. Son dos de las ocho propiedades de Los Sauces. En el escrito que acompañó el abogado, Fernando Castejón, los titulares de Indalo detallaron una por una las 493 propiedades que alquilan para sus empresas dedicadas al petróleo, el juego, la construcción, el dulce de leche y otras actividades.

En el caso particular de las dos oficinas de Puerto Madero los empresarios explicaron que en una funciona la central de las actividades de Cristóbal López y que en la otra vive la ex esposa de Fabián De Souza, de manera que no se trata de alquileres ficticios que puedan ser tomados como un pago de coimas a cambio de obra pública o concesiones petroleras o de juego.

Lo más notorio de la presentación es que Cristóbal López presenta planillas de las otras oficinas que alquila, por ejemplo en un edificio de Catalinas, sobre la avenida Leandro Alem. Allí funciona la central de su empresa Oil. López demuestra que el precio del alquiler, por metro cuadrado, es de 34,34 dólares. En otro piso del Alem Plaza, paga unos 32 dólares por metro cuadrado, y en el Catalinas Plaza 28,84. En Madero Center, la oficina y cocheras alquilados a los Kirchner, el alquiler fue por 29,24, muy en promedio con todos los demás alquileres.

Con estos argumentos, López y De Souza rebatieron el argumento de que los alquileres a los Kirchner encerraban una coima: fueron –dicen los empresarios– alquileres reales, con ocupación del inmueble, a precios de mercado.

Por otra parte, López y De Souza dejaron en claro que el juez invade territorios de cosas juzgadas. En el caso de las concesiones de juego, fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini, fallo que fue consentido por el fiscal Gerardo Pollicita. En el caso de las áreas petroleras, Ercolini se declaró incompetente y los empresarios fueron sobreseídos en el Sur, mientras que otra causa quedó a cargo de Sebastián Ramos quien dictó la inexistencia de delito, consentida por el fiscal Carlos Rívolo. Finalmente, los empresarios señalaron que no tienen causas por cuestiones relacionadas con obra pública.

Alquileres II

El viernes declaró en el expediente el empresario Lázaro Báez, detenido desde hace once meses en otra causa. El constructor, acompañado por sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, aceptó contestar preguntas. En todo momento, Báez sostuvo que no entiende de qué se lo acusa. Nuevamente la hipótesis de Bonadio es que los alquileres encubren coimas, supuestamente a cambio de la adjudicación de obra pública.

Báez señaló que llegó a tener cuatro mil empleados, buena parte de ellos llegados de otras provincias y que los alquileres fueron para alojar a parte de su personal. “Arquitectos e ingenieros en viviendas individuales, otros trabajadores agrupados, por ejemplo de a cuatro”, explicó. Por lo tanto, le alquiló viviendas (dos complejos de cuatro departamentos cada uno) a los Kirchner, pero hizo las mismas operaciones con las ocho inmobiliarias que hay en Río Gallegos. Báez afirma que es pública y notoria la cantidad de inmuebles que llegó a alquilar (unos 400), que todos los contratos fueron registrados y los pagos se hicieron con cheque. En algunos casos se pagó con cheque diferido justamente porque fueron alquileres pagados por adelantado, un año por ejemplo, dado que se trataba de viviendas amuebladas.

Báez aclara además que “ni en este expediente ni en ningún otro hay elementos sobre una supuestamente ilícita obtención de obra pública, lo que demuestra la infundada imputación”. En suma –redondea el constructor– no existen alquileres simulados ni pagos en efectivo ni operaciones a precios que no fueran del mercado ni evidencias de pagos de coimas a cambio de irregularidades en la adjudicación de obra pública.

Invasiones

La jugada del aparato judicial-político-mediático es una acusación central de que los alquileres de Los Sauces son una maniobra encubierta de pago de coimas de Cristóbal López y Lázaro Báez a cambio de obras públicas, concesiones petrolera, de juego o ventajas fiscales.

El problema es que con semejante hipótesis, Bonadio tiene que invadir otros expedientes que tienen otros jueces. Nada de eso le importa, ni a Bonadio ni al entramado con sede en Comodoro Py que convalidó la primera invasión de todas, la existencia misma de la causa Los Sauces. Como ya se ha dicho en este diario, el magistrado fue expulsado de la causa Hotesur por irregularidades como convocar testigos sin notificar a las defensas, impedir la vista del expediente y mandar a hacer una pseudopericia sin darle parte tampoco a las defensas. La causa Hotesur abarcaba todos los alquileres de la familia Kirchner, incluidos los que figuraron a nombre de Los Sauces. Por ello el juez Ercolini –quien reemplazó al eyectado Bonadio– mandó a hacer una pericia contable en la que 14 de los 33 puntos estaban referidos a alquileres de Los Sauces. Sin embargo, Bonadio entró por la puerta trasera al mismo caso: tomó una denuncia de Margarita Stolbizer y armó una causa duplicada, colectora, sosteniendo que Los Sauces no es Hotesur. Sin embargo, hoy en día Ercolini investiga los alquileres de Los Sauces y Bonadio también.

En la hipótesis de Bonadio, los alquileres de Los Sauces son en pago de coimas por concesiones en el juego. Pero en eso Cristóbal López fue absuelto.

El magistrado también afirma que los alquileres son coimas por concesiones petroleras. Pero también en ese rubro Cristóbal López fue absuelto en las dos causas presentadas en su contra.

Y finalmente se aduce que se trata de coimas por la obra pública, pero este tema está en otro expediente, el que tramita Ercolini. En esa causa, el magistrado dictó procesamientos con una jugarreta que se está volviendo tradicional en Comodoro Py: tomó un estudio de Vialidad, hecho por el macrismo, y se basó en sus conclusiones, sin convocar a una pericia con control de las partes. Para colmo, el estudio de Vialidad, hecho sobre una sola provincia de todo el país, prácticamente no dictaminó la existencia de irregularidades. Aún así, ni siquiera el procesamiento está confirmado.

Lo que completa el panorama es que los alquileres –al menos por lo que se demostró hasta ahora– son en blanco, bancarizados, con inquilinos reales y a precios de mercado. De manera que, a primera vista, no podrían ser coimas encubiertas de nada.

Más allá de las explicaciones, todos están convencidos que habrá procesamiento para el conjunto de los imputados.

Argumentos

En la causa Los Sauces no se debate la inconveniencia de que un presidente o que la familia de un presidente compre, venda, alquile o realice operaciones comerciales. Es una objeción muy extendida y razonable. Sin embargo, Los Sauces trata de la existencia o no de un delito, en este caso coimas encubiertas y lavado de dinero, que consiste en blanquear dinero negro. Sucede que al ser alquileres y compras bancarizadas, no se aprecia dónde está el dinero negro, al menos en lo que va de la instrucción del expediente.

El otro elemento que no encaja es que en la hipótesis no hay proporción alguna: 23 millones en alquileres, comparados con 20.000 millones en obra pública, contando sólo la adjudicada a Lázaro Báez en Santa Cruz y sin tomar en cuenta las concesiones petroleras o de juego de las que habla Bonadío.

Y el golpe más duro contra esa hipótesis es que ni a CFK ni a Máximo ni a Florencia se les han encontrado cuentas en el exterior ni transferencias en paraísos fiscales ni sociedades off shore ni Panamá Papers. Lo que existe en la causa son movimientos bancarizados y declarados en la AFIP.

Hoy por hoy, la clave parece estar en la asociación ilícita, la figura usada tradicionalmente cuando la investigación no logra hacer pie con pruebas en los delitos propiamente dichos y entonces se busca introducir el concepto –usado contra los sindicatos en el siglo pasado– de que el delito es ser parte de la asociación supuestamente ilícita. Bonadio señaló en la acusación que existe una organización delictiva integrada por todos, CFK, Florencia, Máximo, Cristóbal López, De Souza, Báez, contadores, escribanos, abogados y hasta empleados administrativos. Ese conjunto, en el que hay muchos que ni se conocen, estaría dirigido –según el juez– por CFK y Máximo. De ahí, de semejante acusación, surgieron los rumores de que Bonadio podría ordenar la detención de la ex presidenta, no de Máximo que es diputado. En alguna charla en off the record el juez lo habría negado, pero se ve que los rumores siguen circulando porque el viernes se mencionó una posible detención de Florencia. Ese dato parecía poco sólido, porque la hija de los presidentes figura como una más en la causa judicial, no como supuesta jefa al estilo de CFK o Máximo. De todas maneras, nada parece imposible en Comodoro Py. Por eso el abogado familiar, Carlos Alberto Beraldi, pidió y obtuvo en horas la eximición de prisión.

La causa Los Sauces surgió como un armado judicial-político-mediático y continúa en ese cauce. Es que encaja en la confrontación con el anterior gobierno, una de las estrategias centrales del Presidente, como se vió en su discurso en el Congreso Nacional. En la medida que las encuestas, los conflictos y la marcha de la CGT traen malas noticias, las supuestamente buenas noticias se buscan –y se arman– en Comodoro Py.

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