Lunes 25 de Septiembre de 2017

DIEGO TATIÁN CRITICÓ EL NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Dic 14th, 2014 | By | Category: Interés General

El decano de la Facultad de Filosofía dijo además que el Código de Faltas produjo en Córdoba un grave daño social y cultural.

El decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Diego Tatián, aseguró que el Código de Faltas produjo en la provincia un gran “daño social y cultural al facilitar el accionar represivo de la Policíasobre los sectores populares”.

“Será necesario el paso de varias generaciones para reparar el daño producido por el Código de Faltas, que ha sumido a importantes sectores de la sociedad cordobesa, sobre todo los populares, en la arbitrariedad, en la inseguridad y en la anomia”, aseveró el catedrático.

Tatián, que el jueves pasado expuso durante la audiencia pública convocada por la Legislatura para debatir las reformas proyectadas por el gobernador De la Sota, al Código de Faltas, insistió en que ese digesto generó “indefensión, desprotección jurídica, violencia institucional y, en fin, inseguridad, que es lo que se buscaba erradicar con su aplicación”.

“El borrador del Código de Convivencia Ciudadana, que ahora se propone para reemplazarlo (al Código de Faltas), no lo sustituye sustancialmente, ni lo enmienda en sus aspectos más agraviantes, sino que lo enmascara y lo perpetúa”, recalcó el decano.

El académico subrayó que las reformas proyectadas siguen confiriendo “a la fuerza policial autogobierno y autonomía respecto del poder político”, así como le continúa reservando la atribución de “poder detener preventivamente” a las personas.

El jueves pasado, 51 organizaciones sociales, sindicales y de jóvenes manifestaron, en una audiencia pública, sus críticas a las reformas al Código de Faltas de Córdoba, por considerar que no se eliminan sus aspectos inconstitucionales ni las excesivas atribuciones que concede a la Policía.

Durante la audiencia celebrada durante varias horas en la sede de la Legislatura provincial, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Corteletti, aseguró que las modificaciones proyectadas “sigue manteniendo, en su núcleo, figuras inconstitucionales”.

El dirigente insistió en que el código otorga a la Policía atribuciones que, “en el marco de conflictos sociales o laborales, pueden constituirse en herramienta contra las libertades sindicales y el derecho de huelga”.

Por su parte, desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que encabezan Agustín Sposato y Lucrecia Cuello, recalcaron que debe derogarse directamente el Código de Faltas, dado que “es una ley inconstitucional, que es utilizada sistemáticamente por la Policía de Córdoba para violar los derechos humanos”.

“Esta modificación no responde a lo que venimos exigiendo desde hace varios años. Sólo supone un maquillaje y una estrategia mediática del oficialismo. Por eso, no es casualidad que los cambios se promuevan ahora, días después de la Marcha de la Gorra que nosotros concretamos el 20 de noviembre”, dijo Cuello.

La audiencia pública, cuyas conclusiones no tienen efecto vinculante para los legisladores, fue convocada por la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de Córdoba, conformada en el ámbito legislativo, para impulsar modificaciones, actualmente en trámite.

Durante la “Marcha de la Gorra“, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles pidieron directamente anular el Código de Faltas, que permite la aprehensión de una persona bajo la figura del merodeo en la vía pública o por la negativa a identificarse ante un policía.

Asimismo, los organizadores de la marcha también apuntan contra las normas que permiten que una persona sea sancionada (con varios días de arresto), en virtud de una presunta contravención y sin haber contado con la defensa de un abogado.

En este año la marcha tuvo como contexto la circunstancia de que, según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en lo que va de 2014, ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de “gatillo fácil”, lo que expresa la “sistemática política represiva” del gobierno provincial.

Leave a Comment